Al comienzo de mi carrera como abogado cuando fui penalista, me quedé impresionado por lo grave que era el problema de la escasez de abogados bilingües. Había bastantes imputados hispanoparlantes encarcelados que no podían comunicarse con sus abogados sin que un intérprete estuviera presente. También, había una carencia de intérpretes correctamente capacitados. Como resultado, muchos imputados latinos efectivamente habían sido despojados de sus derechos. Me imagino que la situación ha llegado a ser más grave hoy.
Me fui a América Latina con la ilusión de dominar el castellano sin que mis colegas me apoyaran. Al contrario, para mi gran sorpresa, muchos de ellos, supuestamente capacitados e incluso teniendo muchos clientes latinos, no se dignaban a aprender lo básico del español. Algunos sostenían que ser bilingüe no sería necesario si un intérprete estuviera presente. A veces, se contentaban con que una recepcionista o asistente administrativa se desempeñara en el trabajo de un intérprete.
Pese a esa discusión, me fui. Volví a los Estados Unidos y a la abogacía después de una ausencia de dos años. En el campo de ayudar a la gente de pocos recursos, muchos de ellos latinos, descubrí que mi conocimiento del español sería una gran ventaja. Mediante él, podía establecer vínculos fuertes con mis clientes, los cuales me dejaban franquear muchas brechas psicológicas que nos hubieran distanciado en otras circunstancias.
Al llegar al despacho de sus abogados, muchos clientes pobres se sienten defensivos. En sus panoramas del mundo, los que comprendo a fondo, los clientes dudan que sus abogados entiendan los matices emocionales y psicológicos de sus situaciones, debido al espacio socioeconómico que les separa. Y los abogados, con frecuencia apegados al análisis frío y siempre dispuestos a juzgar, empeoran la situación por no dignarse a atender a las necesidades emocionales de sus clientes.
Eso representa un error primordial. Pese a ser pobre, un cliente puede relatar y entender muy bien los acontecimientos, grandes y pequeños, que le han llevado a su situación legal y cómo se siente al respecto. A menos que un abogado muestre claramente que comprende las perspectivas subjetivas de su cliente, este, lógicamente, empieza a dudar de las destrezas analíticas de aquel abogado.
Cabalmente en este aspecto, el abogado bilingüe tiene una ventaja, particularmente si se le puede categorizar de “bicultural.” Un abogado tanto bilingüe como bicultural, mediante su destreza lingüística y conocimiento de otras culturas, puede hacer preguntas al cliente que le aseguren a este que el abogado entiende la complejidad y riqueza emocional y espiritual del calvario jurídico por el cual él está pasando.
También, cabe destacar que la asistencia jurídica no solo se desempeña mediante comparecencia en los tribunales y tramitación de documentos, sino que tiene un componente de educación en un mundo en el cual se puede matizar de manera inacabable el significado de una palabra que supuestamente es común. Si el cliente viene al despacho con una pregunta directa, ¿“Qué derechos tengo?,” es poco probable que un intérprete sin una capacitación profunda le dé una respuesta coherente o lógica. Para un abogado correctamente capacitado, sería más fácil desentrañar las complejidades de la palabra “derecho”– por ejemplo, dejarle claro que tristemente un “derecho” claramente radicado en el concepto de la moralidad no tiene cabida en el marco de la ley anglosajona.
Lo que subyace es que todo es un proceso de educación constante – el abogado verdaderamente comprometido con el bien de su cliente se empeña en educarlo en cuanto a los conceptos básicos de los que trata el litigio. Un abogado ha de afrontar una paradoja – un cliente, muchas veces sin oficio y sin educación tiene, al fin y al cabo, que dirigir el litigio. Para resolver esta paradoja, es imprescindible que el letrado se asegure de que el cliente entienda todos los matices del litigio para que, al final de las cuentas, el cliente dirija cómo se desenvuelve el litigio.
Este proceso de comunicación y educación constante implica una presencia consistente – en la que el cliente sabe que tratará con el mismo abogado con el que trató ayer y empieza a sentirse más cómodo con la necesidad de dirigir al abogado dudas y preguntas.
En comparación un intérprete por lo general tiene una presencia provisional en el litigio – un intérprete comparece en una audiencia, y puede que otro comparezca en otra audiencia. Yo diría que en tal contexto – con un abogado que no puede defenderse en español y un intérprete que probablemente no aparezca en la próxima audiencia, puede que el cliente no se sienta cómodo para hacer preguntas profundas de modo que entienda mejor su propia situación porque cualquier diálogo fructífero requiere dos personas dispuestas a dialogar largamente.
También, el campo de abogacía, particularmente en lo referente a los problemas de gente de pocos recursos, salpica el campo de trabajo social y asesoramiento generalizado. Yo hice mucho asesoramiento que andaba más allá de lo que pasaría en los tribunales. Por ejemplo, cuando yo llevaba casos de ejecuciones hipotecarias y mis clientes no tenían trabajo o si lo tenían, no era remunerativo o era no declarado, me tocaba ser un asesor y aconsejarles sobre cómo podían obtener mejores trabajos dada su profesión y nivel educativo. No hubiera podido desempeñar esta parte fundamental de mi deber si no pudiera hablar español o si tuviera que depender de que un intérprete me ayudara. Es decir, mi conocimiento de español permitía mi asesoramiento, el cual fue englobado en mis deberes como abogado.
Dominar un segundo idioma es una hazaña real, y pocos abogados pueden o quieren hacerlo. Pero, un licenciado íntegro y dedicado al menos ha de reconocer la ventaja de entender el idioma natal del cliente para minimizar las consecuencias de su inhabilidad para hablarlo. Basta decir que proceder con un intérprete y pensar que esto equivale dominar el idioma delata una falta de perspicacia, la cual afectará la representación.
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